El doctor Jose Luis Zerillo, docente en la materia DD.HH y Garantias Constitucionales Facultad de Derecho UNMDP, Maestrando en DD.HH, brindó una serie de consideraciones sobre el reciente fallo judicial que autoriza la realización de un aborto peticionado por una mujer embarazada con motivo de una violación.

 

“Quienes desde nuestro ámbito académico, profesional y nuestra labor social, venimos propugnando se reconozca el derecho de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se enmarca en un claro reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres”, resaltó.

 

Zerillo recordó que en 2010, “tuve la difícil experiencia de patrocinar a una mujer que contando con un diagnostico médico que preanunciaba la muerte indefectible del por nacer una vez fuera del seno materno, debió de todas formas transitar un largo y penoso peregrinar judicial a fin de obtener una autorización judicial que le permita llevar adelante en el ámbito de un Hospital Público lo que la ley le autorizaba sin más. Hoy eso no será necesario”.

 

En el presente caso que falla la Corte, nuevamente el Poder Judicial debe resolver sobre una situación que la propia ley prevé y autoriza por la sola ausencia de prohibición.

 

“Al respecto, cabe decir que resulta pilar fundante de nuestro sistema constitucional de derecho, la manda que se expresa en el art. 19 C.N, estableciendo que todo lo que no está prohibido está permitido. De esta forma, solo los actos prohibidos por ley, son aquellos que ameritan la intervención del Estado y su injerencia”, sentenció.

 

“En el caso, nuestro art. 86 del Código Penal, expresamente aparta de los supuestos pasibles de ser penalizados los casos de aborto realizados por una mujer embarazada como producto de una violación, o si el aborto se efectúo para proteger la vida o la salud de la madre y este peligro no puede ser evitado por otros medios”, agregó.

 

Para Zerillo, el fallo en análisis, ubica al artículo 86 citado en el lugar del que nunca debió haber salido, es decir, dentro de los casos permitidos y por consiguiente de improcedente injerencia judicial. Por ello, la extensión de la resolución en análisis a todos los casos previstos en la norma, establece una pauta jurisprudencial a ser seguida por los estrados jurisdiccionales del país.

 

“En los casos de abortos no punibles no se requiere autorización judicial, y es el estado quien debe garantizar la prestación médica adecuada para que dicha práctica sea realizada en las condiciones de salubridad y asepsia adecuada”, expresó.

 

El profesional del Derecho recordó que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte sostuvo idénticas posturas en cuanto a la innecesaridad de autorización judicial para casos de abortos no punibles en sendos casos dictados en el año 2005 y 2006, y pese a ello los profesionales de la salud, continuaban exigiendo la autorización judicial para llevar adelante dichas interrupciones.

 

“Es más, motivo de tales prácticas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un dictamen en el mes de Marzo del 2011, denunciando la violación de la Argentina del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los impedimentos generados desde el Poder Judicial para la interrupción del embarazo de una mujer con disminución de su capacidad intelectual y que había sido violada”, resaltó.

 

“Todo lo expuesto, da por tierra con los falaces argumentos que sostienen que la Constitución Nacional reconoce el derecho a la vida desde la concepción o que el Pacto San Jose de Costa Rica imposibilita la realización de maniobras abortivas. Afirmaciones realizadas de forma equivoca en el mejor de los casos, o con claras intenciones que clausurar un debate que deviene justo y necesario”, concluyó.



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