La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata no hizo lugar a un pedido de indemnización que planteó una vecina de esta ciudad balnearia por daños en su vivienda como consecuencia de la “erosión costera”.

 

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal no hizo lugar al planteo de María Ester Carrizo, quien pretendía un “resarcimiento de los daños ocurridos en la propiedad en razón de la ausencia de ejecución de obras públicas direccionadas a detener el proceso de erosión costera”.

 

En ese sentido, la mujer pedía “obtener el cese del denunciado daño ambiental, como un bien de incidencia colectiva”, para lo cual reclamaba realización de obras de infraestructura.

 

Los jueces Elio Riccitelli, Adriana Sardo y Roberto Mora confirmaron un fallo de primera instancia que había desestimado la demanda de la mujer.

 

En la resolución, los jueces entendieron el caso como aquel “concepto de daño ambiental como toda alteración con carácter relevante que modifica negativamente al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.

 

“Por fuera del denunciado proceso erosivo en la línea de la costa del partido de Mar Chiquita -en general- y de la zona de Camet Norte -en particular-, la accionante había argumentado escuetamente las razones por las cuales se configuraría el daño ambiental, vertiendo solo unas breves y vagas referencias a la alteración del suelo, del agua, de la biodiversidad y a la alteración del paisaje de la costa por la actividad erosiva”, agregaron.

 

En la demanda, la mujer había acusado daños ambientales en las localidades de Mar Chiquita, Mar de Cobo, Costa del Lago, La Baliza, La Caleta, Camet Norte, Playa Dorada, Santa Clara del Mar, Atlántida, Frente Mar y Santa Elena.

 

Si bien los jueces reconocieron que la costa se encuentra “sometida a un fenómeno natural erosivo”, entendieron que “el Estado adopta -atendiendo a las necesidades a satisfacer, los costos de las obras y los beneficios que pudieran irrogar- políticas para delimitar la configuración del litoral marítimo, protegiendo algunos y dejando otros aquellos que no merecen ser recuperados- librados a la suerte de las fuerzas de la naturaleza”.

 

“De tal modo, no toda alteración o modificación de la línea de costa puede ser rotulada como negativa”, concluyeron.

 

De esta manera, consideraron que “el Estado provincial no se ha desentendido ni de la existencia ni de la gravedad del proceso erosivo costero; por el contrario, ha echado mano a técnicas de ordenamiento urbanístico con el objeto de frenar los loteos ilimitados sobre el frente costero, fijando normas relacionadas con la ocupación y uso de la costa”.



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