Marcelo Colombo, fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), participó del II Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, desarrollado en Mar del Plata, donde planteó –basado en una recomendación de la CEDAW de 1992-, que son la pobreza y la falta de empleo dos factores que obligan a muchas mujeres a prostituirse.

“Esta recomendación pone en serio conflicto, y hasta derriba, la idea de la supuesta distinción entre prostitución forzada y prostitución libre”, sostuvo.

Del panel titulado “Trata y tráfico con fines de explotación sexual”, participaron también Joy Ngozi Ezeilo (Nigeria), ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas hasta agosto de 2014; Janice Raymond (Estados Unidos), ex directora ejecutiva de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres; Mario Gómez, fiscal general de Pergamino; y Valeria Guerra, asesora de Derechos Humanos para el Proyecto Regional del Examen Periódico Universal para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina.

Durante su disertación, el fiscal especializado comentó algunos de los “estereotipos clásicos que se ven en la práctica judicial”.

“Hay jueces –dijo- que siguen pensando que las mujeres que están sometidas a la explotación sexual en un prostíbulo ‘optan por una vida fácil’, sin tener ninguna consideración sobre lo que significa el día a día en un prostíbulo; siguen pensando que es un modo de ganar dinero fácil y esto no lo firman en los fallos, pero sí funciona como un subtexto de lo que terminan resolviendo; entienden que hacen eso porque en realidad les gusta; y principalmente la falacia de esta supuesta autonomía para consentir una explotación. Como si en definitiva pudiera haber alguna suerte de derecho a la libertad o autonomía para alguien considerarse un esclavo o un explotado feliz”, enumeró.

Y sumó, aquí “convive también el estereotipo de la mujer mendaz, muy visitado también en los casos de violencia de género, donde el relato de la mujer es un relato descreído y subconsiderado en el escenario judicial”.

Por todo ello, instó a los operadores judiciales “a trabajar fuertemente sobre los propios prejuicios y preconceptos para ver al sistema prostibulario como lo que es, un depredador de los derechos humanos de las mujeres”.



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