El juicio por fraude fiscal que afrontan los empresarios Victorio Américo Gualtieri (60 años), Saverio Nicolás Gualtieri (62 años) y Hugo Alberto Barreña (67), presidente, vicepresidente y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (VAG S.A.), respectivamente, entró en su etapa final.

Este jueves, a partir de las 9, se escucharán los alegatos de la Fiscalía Federal y la querella, a cargo de representantes de la AFIP; y la semana próxima será el turno de las defensas.

En el juicio intervienen el fiscal subrogante Julio Darmandrail y el fiscal ad hoc Carlos Martínez, quienes son asistidos por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

El delito por el que se los acusa es la “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, previsto en el artículo 4 de la ley 24.769, que pena a quien “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco”.

En concreto, se los acusa de haber utilizado el régimen de promoción para lograr diferimientos en el pago del IVA y Ganancias por 4,5 millones de pesos.

Según la acusación fiscal, en los tres hechos que se juzgan los empresarios lograron diferir entre 1996 y 1998 montos de 346 mil, 3,4 millones y 800 mil pesos luego de invertir en empresas incluidas en los regímenes de promoción.

La maniobra consistió en invertir el dinero, que luego volvía a la empresa inversora por la vía de un préstamo. De esa forma, el dinero ingresaba a la firma promocionada e inmediatamente regresaba a dónde había salido, sin que la inversión fuera tal.

Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionen retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés. Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.

Durante el debate oral y público, el Tribunal compuesto por los jueces Roberto Falcone (presidente) y Mario Portela y Néstor Parra, escuchó el testimonio de diez testigos, entre ellos empleados de AFIP a cargo de fiscalizaciones, peritos, abogados que tramitaron el concurso de la empresa VAG S.A., y apoderados de firmas vinculadas a los imputados. Los empresarios, en tanto, se negaron a prestar declaración durante el juicio.



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