Tres reconocidos empresarios comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, instancia a la que llegaron acusados por obtención fraudulenta de beneficios fiscales por más de 90 hechos que involucraron a casi 20 millones de pesos en la segunda mitad de la década del ’90, aunque después de la primera audiencia del juicio el debate fue reducido por los jueces a tres hechos que totalizan casi 4,5 millones de pesos.

Los imputados son los empresarios Victorio Américo Gualtieri (60 años), Saverio Nicolás Gualtieri (62 años) y Hugo Alberto Barreña (67), presidente, vicepresidente y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (VAG S.A.), respectivamente.

En el juicio intervienen el fiscal subrogante Julio Darmandrail y el fiscal ad hoc Carlos Martínez, quienes son asistidos por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

En el demorado debate -el requerimiento de elevación a juicio fue suscripto en septiembre de 2005- se ventilarán las supuestas maniobras de los imputados para obtener diferimientos en el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA) en el marco de la denominada ley de promoción de empresas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.

Según la acusación fiscal, en los tres hechos que se juzgarán los empresarios lograron diferir entre 1996 y 1998 montos de 346 mil, 3,4 millones y 800 mil pesos luego de invertir en empresas incluidas en los regímenes de promoción.

La maniobra consistió en invertir el dinero, que luego volvía a la empresa inversora por la vía de un préstamo. De esa forma, el dinero ingresaba a la firma promocionada e inmediatamente regresaba a dónde había salido, sin que la inversión fuera tal.

Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionen retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés.

Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.



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