Para los asalariados, la inflación y la falta de actualización de las escalas y deducciones en algunos tributos hace cada vez más pesada la carga tributaria.

Un asalariado argentino, con esposa y dos hijos a cargo, tuvo que destinar nada menos que entre el 47 y el 60 por ciento de sus ingresos mensuales brutos -sin restar aportes y contribuciones laborales- para poder afrontar los tributos nacionales, provinciales y municipales que legalmente está obligado a pagar, de acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El ejercicio del Iaraf demuestra la importante y creciente presión tributaria a la que muchos trabajadores del país se ven sometidos por la inflación, la falta de actualización de las escalas del impuesto a las Ganancias, así como los aumentos de alícuotas en algunas provincias argentinas.

Con todo, el informe constituye un ejemplo de máxima, ya que considera todos los impuestos y tasas que legalmente deben afrontar las familias, incluyendo los llamados impuestos al trabajo (cargas sociales y aportes personales).

Sin embargo, de no considerarse estos tributos en la nómina de impuestos a pagar por los trabajadores de nuestro país, el porcentaje a pagar no sería por eso menos impactante; ya que sería de entre el 35 y el 50% de los ingresos laborales brutos.

Vale aclarar que el estudio se basa en la carga tributaria bruta, es decir, sin tomar en cuenta la forma en que el Estado vuelca a la economía lo que recauda de las familias, (carga tributaria neta).

Los ejemplos

El Instituto considera cuatro familias con distintos niveles de ingresos netos o “de bolsillo”: $ 9.742 para la primer familia, $ 21.111 para la segunda, $ 31.586 para la tercera y $ 48.095 para la cuarta.

Se considera la amplia mayoría de los impuestos nacionales (Ganancias, IVA, Bienes Personales, Aportes patronales, etcétera), Provinciales (Inmobiliario y Automotor) y Municipales (Tasa de Seguridad e Higiene).

También toma la estructura legal vigente en nuestro país, considerando alícuotas diferenciales para algunos bienes de consumo, deducciones, y alícuotas por provincia (Ingresos Brutos).

En este último caso, como se trata de un asalariado, se asume que el aumento en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos lo afrontan las familias a través de un alza en los precios de los bienes y servicios que consumen, lo que se origina en el traslado que hacen del tributo los eslabones finales de la cadena de comercialización (el comercio minorista).

Para los casos de los impuestos inmobiliario y automotor, la familia de la escala menor de ingresos no posee automóvil y alquila un departamento céntrico de dos dormitorios, mientras que la de la segunda escala alquila una vivienda alejada del centro de una ciudad representativa y posee un automóvil chico usado. La tercer familia vive en un barrio de mayor poder adquisitivo y posee un auto mediano relativamente nuevo.

Finalmente, la familia de mayores ingresos reside en una vivienda en un barrio privado y tiene dos autos (uno mediano y uno chico).

Así las cosas, la primer familia deberá destinar el 47,2% de sus ingresos brutos (unos $ 11.738 sin deducir aportes y contribuciones) para pagar todos sus impuestos, cifra que se estira hasta el 59,5% para el caso de la familia más acomodada.



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