El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón expresó su “más enérgico repudio a las intimidaciones que recibió el Fiscal General Daniel Adler, horas antes de resolverse la restitución en el cargo del Fiscal de Saavedra, José María Campagnoli”, a través de un Decreto de Presidencia (Nº 192), aprobado el pasado 21 de Julio.

El acto se desarrolló este jueves a la mañana en el recinto de sesiones, con gran concurrencia de miembros de los poderes Judicial, político y de derechos humanos, concejales, letrados, abogados, además de representantes de otros sectores de la comunidad.

Entre los presentes se encontraba el intendente interino de General Pueyrredon, Ariel Ciano, así como referentes de organismos de derechos humanos –Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e HIJOS, entre otros-, de casas de altos estudios como la UNMdP, de organizaciones barriales y político partidarias.

La diputada provincial Fernanda Raverta adelantó detalles del proyecto que está en ciernes en la legislatura bonaerense, en el mismo tenor del aprobado por el Cuerpo Deliberativo local.

“Las amenazas e intento de presión que sufriera el Fiscal General, Doctor Daniel Adler, en virtud de la volanteada en la puerta del colegio donde concurre su hija, horas antes de la reunión del Jury que debía resolver sobre la situación  del enjuiciado Fiscal Campagnoli , y que la trayectoria del Doctor Adler nos exime aquí de abundar tanto en sus condiciones personales como en su capacidad técnica profesional”, se expresó en los considerandos de este Decreto.

Asimismo, los autores de la iniciativa consideran que “la modalidad utilizada en esta ocasión, que fue la de efectuar una volanteada en la vereda del establecimiento donde concurre una hija del funcionario con difamaciones que no llevaban firma ni responsable, muestra claramente el objetivo de amedrentar e intimidar a quien por esas horas debía definir si el Fiscal Campagnoli era restituido o no en sus funciones”.

Por otra parte, entienden que “la metodología utilizada, además de artera e intolerante -dado que se centra en la familia del Fiscal Adler-, golpea a la sociedad mostrando una de las caras más siniestras de grupos que siguen atentando contra la vida institucional en tanto y en cuanto es la única vía por donde pueden y deben dirimirse sus conflictos”.



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