La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó varias actividades en la ciudad de Mar del Plata con el fin de interiorizarse, monitorear y denunciar diversas situaciones de vulneración de derechos en la localidad.

Los directores del organismo mantuvieron reuniones con el fiscal general Fabián Fernández Garello y con la defensora general Cecilia Boeri.

En estos tres días de trabajo, la CPM desarrolló además el encuentro regional del programa Jóvenes y Memoria, se reunió con familiares de víctimas de la violencia institucional, armó una mesa de trabajo con organizaciones sociales y políticas, firmó un convenio con la Facultad de Humanidades de la UNMP, y realizó una inspección a la Unidad 15 de Batán.

 

“Mar del Plata no es ajena al contexto general que se vive en el resto de la Provincia; hay mayor violencia por parte del estado”, señaló Hugo Cañón, presidente de la Comisión.

“Mar del Plata hoy está transitando un momento de incremento de violencia institucional que se nos transmite a la CPM por canales diferentes. Víctimas que han sufrido el embate policial, a través de un desplazamiento de la policía que apunta a segregar a determinados sectores sociales como si fueran los sujetos peligrosos y una amenaza para la sociedad”, enumeró.

Después de estos tres días de trabajo, la CPM concluyó que a partir del anuncio de la emergencia en seguridad, es preocupante el incremento de prácticas policiales que vulneran derechos.

Además de las prácticas sistemáticas de tortura y malos tratos, se señala el que desempeño policial y los procedimientos de control en la calle (que emulan las prácticas ilegales de la dictadura) son mecanismos disciplinadores de dudosa eficacia en la prevención del delito, que vulneran derechos y que tienen además un carácter fuertemente demagógico.

A las requisas, se suma una preeminencia de detenciones por averiguación de identidad (representa la mayoría de las detenciones) lo que aumenta el poder policial y las posibilidades de que se vulneren derechos.

La CPM hizo foco también en las cuestiones relacionadas con los niños y los jóvenes: hay un incremento de la persecución policial a esos grupos y, como contrapartida, falta de disposición de recursos orientados a la implementación de programas de promoción y protección de sus derechos. En particular, se habló del trabajo infantil y el problema alrededor del basural que implica una violación integral de los niños y niñas.

Sobre el Centro Cerrado de Batán, se especificó que existe superpoblación, hacinamiento, aislamiento prolongado y pésimas condiciones de vida que se agravaron desde el decreto de emergencia, con una mayor cantidad de detenciones de jóvenes de 16 a 18 años por delitos menores.

Por último, la CPM se hizo eco de la preocupación que manifestaron las organizaciones por el ascendente consenso social que tienen estas políticas represivas.

En la Unidad 15 de Batan se relevaron graves violaciones de derechos de las personas alojadas allí, el 75 % de las cuales son de Mar del Plata: aislamiento extremo, condiciones edilicias inhumanas, hambre, déficits en la atención de la salud y distintas situaciones de violencia y tortura componen un cuadro de situación que vulnera los derechos de las personas detenidas.



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