A partir de una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, a través del Comité contra la Tortura, con el acompañamiento de la Mesa contra la Violencia Institucional, el Juzgado de Ejecución Nro. 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Eduardo Perdichizzi, emitió una resolución donde insta al urgente reacondicionamiento para garantizar las condiciones de habitabilidad para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria en la Unidad Penal N°50.

La resolución hace especial hincapié en cuestiones vinculadas al acceso al servicio público de salud puesto que en la actualidad las mujeres carecen de atención médica, por no contar con profesionales ni recursos necesarios, situación que empeora si tenemos en cuenta que generalmente se requieren cuidados especiales ya que parte de la población se encuentra en estado de embarazo, mientras que también hay niños y niñas con sus madres, y otras detenidas que sufren enfermedades como HIV, HC, chagas, diabetes, asma e hipertensión.

En consecuencia el Juez ordenó que se garantice la atención médica de las privadas de la libertad; se disponga la presencia de médicos en el predio durante las 24 horas, y a su vez requirió la construcción de un sector para urgencias teniendo en miras las dificultades existentes para el traslado de las detenidas al HIGA, entre otros puntos.

Asimismo decretó la realización de obras y readecuaciones pertinentes así como el reemplazo de colchones; en virtud de lo denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria, a través del Comité contra la Tortura en relación a la existencia de vidrios y techos rotos, la falta de gas, falta de agua caliente.

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional acompañan dicha presentación y advierten que las falencias señaladas, que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, en relación a la Unidad Penal N°50, se extienden a la totalidad Complejo Penal de Batán, agudizándose el diagnóstico de situación en la Unidad Penal N°15.

Así se transgrede lo establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional, que señala que “las cárceles serán sanas y limpias y no para castigo de los reos” y demás Tratados Internacionales con jerarquía suprema y normas de soft law que la CSJN establece como guías hermenéuticas.

Por eso, convocan a los tres poderes del Estado a delinear una urgente política pública que cumpla con los estándares internacionales a los que Argentina adhirió en pos de garantizar derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria.



Siguiente Noticia La Facultad de Económicas capacitará a cooperativas

Noticia Anterior Mundial 2014: Los mismos guerreros; otra batalla

Nos interesa tu opinión:

Comentarios:

No hay comentarios

Deja un comentario