Un total de 101 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires fueron abordados en dispositivos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño debido a situaciones de explotación laboral, según un informe elaborado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

El Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño, dependiente de esta Secretaría provincial, incluye a 24 Servicios Zonales y más 200 Servicios Locales en todo el territorio bonaerense.

En el trabajo estadístico, desarrollado mediante el software del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), se detalla que entre el 1 de junio de 2013 y el 1 de junio de este año, esta Secretaría provincial abordó 101 casos, donde las víctimas fueron 34 niñas y 67 niños.

Sobre este informe, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, aseguró “la explotación laboral es una de las situaciones en las que la Provincia ha impulsado importantes acciones para su erradicación”.

“Como en los casos de maltrato infantil, abusos o cualquier tipo de vulneración de derechos de los niños, también es fundamental la participación de toda la sociedad mediante la denuncia a la línea 102, o acercándose a cualquier dispositivo del Sistema de Protección de Derechos”.

El 102 es un número telefónico provincial de atención gratuita, que funciona las 24 horas y los 365 días del año.

Además de las intervenciones en los dispositivos, la Secretaría de Niñez y Adolescencia participa de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), que coordina el Ministerio de Trabajo y de los operativos realizados en territorio para la erradicación de este tipo de explotación.

Este año, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.847, que apunta directamente a tipificar como un delito el trabajo infantil, que estipula que los adultos que aprovecharen económicamente el trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, salvo las tareas que tuvieren fines pedagógicos o exclusivamente de capacitación, tendrán una pena de entre 1 y 4 años de prisión.



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