La Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata manifestó su preocupación ante el dictado de la resolución N° 642 firmada por el ministro de seguridad, Alejandro Granados, el pasado 20 de mayo que dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales, en el marco de la denominada Emergencia de Seguridad Provincial.

Si bien la medida no podrá aplicarse en Mar del Plata, puesto que rige la prohibición de alojar personas en los calabozos de las comisarías bonaerenses debido al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dictado en 2009, desde este espacio integrado por organismos de derechos humanos, instituciones estatales, magistrados, funcionarios y particulares manifestaron públicamente su rotunda oposición a la ejecución de la mentada disposición.

Entre los fundamentos esgrimidos por la Mesa se indicó que “nada amerita la habilitación de calabozos, puesto que en definitiva las dependencias policiales no han sido creadas con tal fin y por ello jamás cumplirán los estándares exigidos por la ONU en el marco de Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos por medio de las que impone la manda de respetar el sexo, edad, condición procesal de los privados de la libertad, entre otras”.

Además, sostuvieron que la medida trasgrede lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del llamado fallo “Verbitsky”. El máximo tribunal había reconocido que las comisarías no configuran espacios dignos de privación de libertad.

En el año 2011 el Poder Ejecutivo Provincial dispuso el cierre definitivo de los calabozos en las comisarías, erigiendo como principal fundamento que con el cierre de los mismos se trataba de “evitar que las comisarías sean utilizadas como unidades penitenciarias ya que traen aparejado el hacinamiento y epidemias que lesionan la dignidad del hombre”, conforme expresiones del gobernador Daniel Scioli.

“En ese marco, la decisión del Ministerio de Seguridad, en términos del sistema internacional de derechos humanos, implica una violación al principio de progresividad y prohibición de regresividad recogidos por la Constitución Nacional en el 75.22 al incorporar a los tratados internacionales dentro de la legislación argentina”, señaló esta institución.

“Sostenemos que frente a la superpoblación carcelaria, no deben improvisarse medidas sino que el estado provincial debe emprender acciones que disminuyan los niveles de prisionización y no elevarlos, puesto que colmar las cárceles de personas no ha modificado las tasas de criminalidad”, remarcó la Mesa.

A su vez, explicaron que el aumento de personas privadas de libertad no resulta compatible con los pilares que sostiene el estado democrático siendo que éste se anuncia en forma constante; “las estadísticas internacionales indican que a mayor nivel de desarrollo humano menor será el número de detenidos en cárceles y paradójicamente esto no está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires”.

Esta Mesa considera imprescindible, como lo ha resuelto la Cámara en lo Penal de Mar del Plata, la proyección de la ley de cupos en los establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires, pues de este modo se contribuiría a impedir el alojamiento de las personas en condiciones infrahumanas en las cárceles.



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