La presidente del Concejo Deliberante, Vilma Baragiola, se reunió con la Comisión de Monitoreo de Convenios del Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredón (Ley 12.154) que le plantearon “los incumplimientos reiterados y sistemáticos por parte del Ejecutivo Municipal” en materia de seguridad ciudadana.

Este encuentro sucedió a otro desarrollado a principios del mes en curso, donde los referentes del Foro de Seguridad se habían referido a la falta de respuestas concretas en torno a las ordenanzas 18.831 (Rastreo Satelital por parte del Municipio para controlar la cobertura cuadricular de los patrulleros) 19261 (Implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana que es investigada en la causa 911 de la Fiscalia Federal Nº1, Juzgado del Doctor Alejandro Castellanos) 20.250, 20421 y 20.530 (Relacionados al mantenimiento, reparación y aporte de combustible del parque automotor policial, que está siendo investigado en la causa penal Nº13.984, Fiscalía Nº10, Juzgado de Garantias Nº3).

También se habían referido a la 20.422 (Referido al fondo adjudicado y no ejecutado por parte del Municipio destinado para la reparación de los clausurados calabozos de las Comisarias 4ta y 7ma) y por último la Ordenanza 21.459, “donde la Provincia le donó a la ciudad un sistema de 40 cámaras domo de videovigilancia, que el municipio nunca concretó”.

Además de Baragiola, asistieron a la reunión los concejales Javier Woollands (AM), Hernán Alcolea (FR), Mario Rodríguez (UCR) y Guillermo Sáenz Saralegui (AA), además de miembros del Foro, entre ellos Cristian Curcio y Alejandra Rubianes.

Rubianes y Curcio le transmitieron su preocupación a la Presidente del Concejo con respecto a “los confusos anuncios sobre el Comando de Prevención Comunitaria y la licitación de 360 cámaras para el sistema de videovigilancia, donde las ubicaciones no fueron consultadas, ni con los vecinos, ni con la Policia ni con la Justicia Provincial y que muchas de las ubicaciones resultan superpuestas agregando que el Municipio ofrece pagar más de 110 millones de pesos para alquilar 360 cámaras por 3 años, mientras que ofrece pagar 100 millones de pesos para trasladar las oficinas administrativas que funcionan en el Palacio Municipal”.

Curcio y Rubianes criticaron “el gasto destinado exclusivamente al sistema represivo, desestimando la inclusión social, la atención de las deserciones en el ámbito escolar y los chicos con adicciones, en fin, a la política preventiva”.



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