En la Lotería de la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo el sorteo para elegir a los 12 mil ciudadanos bonaerenses que serán jurados en causas orales y públicas con penas de más de 15 años

Un total de 11.384 ciudadanos bonaerenses resultaron seleccionados para integrar jurados populares, de los cuales 10.890 corresponden a DNI terminados en el número 983 y 494 personas cuyo DNI finaliza en 461.

Entre los requisitos para ser jurado figuran: ser argentino o haberse naturalizado hace más de cinco años, y ser apto física y psíquicamente. No podrán ser convocados los funcionarios públicos, ministros de culto religioso así como autoridades de partidos políticos, integrantes de las fuerzas de seguridad o del Servicio Penitenciario, exonerados de la administración pública, abogados, escribanos y procuradores, condenados o procesados por delitos dolosos.

“Es un hecho histórico para la democracia”, señaló el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, durante la ceremonia realizada este mediodía en el salón de sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, ubicado en calle 46 entre 6 y 7 de esta capital.

El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Justicia Ricardo Casal y funcionarios del Poder Judicial, dijo además que “la responsabilidad de los jurados será máxima” porque “estarán decidiendo sobre lo más sagrado que, junto a la vida, es la libertad de las personas”.

El listado de los 11.384 bonaerenses sorteados se repartirá entre los 18 departamentos judiciales, de acuerdo a domicilio declarado de cada persona, y luego se notificará por cédula judicial a los seleccionados.

El Poder Judicial se encargará de depurar el listado, apartando a las personas que se encuentren inhabilitadas y se conformará un padrón definitivo de jurados que será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes, y actuarán únicamente en casos de delitos graves, cuya pena sea mayor a los 15 años de prisión.

Participar del proceso será obligatorio por tratarse de una “carga cívica” por lo que el ciudadano seleccionado podrá ser convocado por la fuerza pública; y quienes participen recibirán una remuneración.



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