La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenas Aires emitió una declaración, titulada “No hay derecho”, donde se reprueban las manifestaciones públicas vertidas tanto por el secretario de Seguridad de la Nación (luego desmentidas por él, pero verificadas con el video original), como por el propio Jefe de Gabinete de ministros.

Entre las expresiones formulados por funcionarios del gobierno nacional se propone “reemplazar a los jueces por robots o máquinas expendedoras de justicia”, o que el Poder Judicial “parece que solamente emite comunicados de prensa”.

La Red de Jueces Penales rechazó de modo enfático el contenido y tenor de las mismas, cuyo único propósito es agraviar al Estado de Derecho, injuriando genérica e indiscriminadamente a todos los miembros del Poder Judicial.

En tal sentido, recordaron las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en su Resolución nº 744, del 1° de abril de 2009, cuando sostuvo que “somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial…”

En consecuencia, la red de Jueces consideró que “las manifestaciones que aquí se reprueban sólo constituyen impertinentes descalificaciones al Poder Judicial, que no hacen más que contribuir al descrédito genérico de las instituciones de nuestra Constitución Nacional, que todos los funcionarios de los poderes públicos juramos respetar y hacer respetar, en cuanto de nosotros dependa”.

“En síntesis, todos los ciudadanos tienen derecho a cuestionar el funcionamiento de las instituciones públicas, así como a criticar el desempeño particular de algunos de sus miembros. Sin embargo, cuando se ejercen las más altas responsabilidades políticas del estado nacional, se debe obrar con especial prudencia, porque no hay derecho a socavar las bases mismas del sistema republicano, ni a desconocer que las resoluciones de los jueces se fundan en la Constitución y en las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, añadieron.



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