Dos semanas atrás, comenzó en Mar del Plata, el primer juicio oral y público de un caso de trata en la ciudad de Mar del Plata.

En el privado en cuestión, donde se ejercía la explotación sexual denominado “Dulcinea” (con domicilio en la calle San Salvador 7274) se sometía sexualmente a mujeres provenientes de República Dominicana. Las mismas llegaron a la ciudad con promesas laborales y fueron sometidas a condiciones infrahumanas, y de total esclavitud sexual.

A través del testimonio de las víctimas, que lograron escapar de la red de trata, se logró procesar a 9 personas involucradas en el delito. Tres de ellos eran los dueños del prostíbulo: Jorge Daniel Sánchez, su esposa Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez.

Además hay imputado un policía, Claudio Marcelo Campo que estaba en actividad en “Drogas Ilícitas”; Ángel Hernández Cabral, encargado de la seguridad en Dulcinea; Carmen Concepción Colas, quien estaba a cargo de la barra; y finalmente se imputa a Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando (ya fallecido) de haber ocupado diversos roles en la red de trata para realizar trámites migratorios irregulares.

El abogado Roberto Montecchia a quien ya se lo había señalado por ser el abogado del privado “La Posadita”, se encuentra fuera del proceso del juicio por problemas de salud.

“Esto demuestra la impunidad con la que cuentan los involucrados en la redes de trata, que al igual que en los delitos de lesa humanidad, se tiene suma consideración respecto de su salud pese a la gravedad de los casos”, expresó tajantemente Noelia Barbas del colectivo Mumalà.

En cuanto a la sentencia del juicio que se conocerá en los próximos días y teniendo en cuenta como se ha desarrollado el proceso del mismo, Barbas manifestó: “Consideramos de suma importancia que comience a condenarse a los partícipes y cómplices de este delito que se lleva la vida de las miles de mujeres en nuestro país y en el mundo. La mayoría de estos casos, no logran llegar a juicio y si así fuese se juzgan algunos sin demasiado poder e influencia en las redes de trata, mientras quienes operan en complicidad del poder político, judicial y policial siguen impunes.”

Finalmente desde el colectivo Mumalá, convocaron a los alegatos que tendrán lugar este viernes, desde las 14, y recalcaron lo que pretenden sea el resultado de la sentencia: “Esperamos que, haya condena firme y de efectivo cumplimiento para todos los imputados, con condenas acordes al delito cometido”.

“A su vez, exigimos que se les de protección y asistencia a las víctimas, quienes tuvieron un rol patagónico a través de sus declaraciones, aportando las pruebas necesarias. Es fundamental, que desde el Estado se haga un seguimiento de su situación, en este caso se les brinde la posibilidad de volver a su país si lo requieren, y se las provea de las herramientas necesarias para sobrellevar su vida, evitando que vuelvan a ser secuestradas por estas redes”, consignó.



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