El secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata, Diego Lencinas, sostuvo que desde hace tiempo el Patronato de Liberados atraviesa una situación de indefensión por parte de la Provincia.

Los reclamos van desde la cuestión edilicia como sucede en la delegación de Miramar, donde se está por cumplir un año del asesinato de la trabajadora social Laura iglesias, que no se encuentra en condiciones, a igual que la dependencia de Balcarce.

Mientras que en el caso de Mar del Plata, funciona en el noveno piso del edificio ubicado en Peatonal San Martín y Córdoba donde no hay baños para el personal y sufren continuos problemas de inseguridad.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), Lencinas señaló que en lo que hace a la falta de personal, “es un reclamo histórico desde que se reglamentó un decreto que impide el nombramiento de más personal, ya se venía planteando la necesidad de designar asistentes sociales para llevar adelante, en forma lo más eficiente posible, el trabajo en el Patronato de Liberados”.

Como dato, Lencinas remarcó que un trabajador social se hace cargo de un promedio de 60 procesados en Mar del Plata, “un despropósito por donde se lo miren”, resaltó.

Entre las tareas que tienen a su cargo los asistentes sociales, que en su mayoría son mujeres, se puede mencionar que elaboran los informes socioambientales de los imputados en todas las causas judiciales, redactan los análisis previos al otorgamiento de las detenciones domiciliarias y luego controlan su cumplimiento, supervisan el cumplimiento de las reglas de conducta y las condiciones impuestas por los magistrados en las excarcelaciones con libertad condicional, vigilan las reglas de conducta de la libertad asistida y las medidas educativas y curativas dispuestas por los jueces (como la obligación de seguir tratamientos de rehabilitación contra las drogas), revisan el cumplimiento de los trabajos comunitarios ( probation ) en las suspensiones de juicio a prueba y en las condenas de ejecución condicional, y preparan a los presos que están por cumplir su condena en varias cárceles federales.

También les brindan asistencia social a los liberados condicionales o egresados por pena cumplida o agotada: desde buscarles trabajo y dónde vivir hasta gestionarles documentos, planes sociales o subsidios.

“Todas esas responsabilidades que tienen los trabajadores sociales en Mar del Plata hay que multiplicarlos por sesenta”, subrayó.

Para el dirigente de ATE resulta “disparatado creer que se puede llevar adelante una tarea fehaciente ante esta sitación laboral que deben afrontar y que lleva a casos de renuncias o de carpetas médicas por stress laboral”.



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