La presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Vilma Baragiola, recibió en su despacho a miembros de la comisión de Seguridad de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires que, presidida por Baldomero Álvarez de Olivera (FR), sesionó más tarde en el recinto de sesiones con el objetivo de analizar cuestiones inherentes a su ámbito de análisis y discusión, que tienen incidencia en la cotidianeidad de este distrito.

Baragiola, acompañada por los concejales José Cano (AA), Cristina Coria (UCR), Cristian Azcona y Lucas Fiorini (FR), entre otros, recibió a parte de los miembros de la mencionada comisión, con quienes dialogaron sobre las principales problemáticas vinculadas a la seguridad con prevalencia en el distrito.

“Tenemos un Concejo Deliberante de puertas abiertas, donde se puede venir para abordar diversas problemáticas que afecten a la comunidad en general”, afirmó la Presidente del Cuerpo Deliberativo local.

Álvarez de Olivera agradeció la predisposición para ofrecer el recinto de sesiones como lugar de reunión de la comisión que preside.

Con seis legisladores presentes, la comisión comenzó a sesiones pasadas las 11 para analizar diversos expedientes, evaluar al detalle el Plan de Emergencia en materia de seguridad –impulsado por el gobernador Daniel Scioli, días atrás- y también para entrevistarse con funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata y de las fuerzas policiales distritales.

“Desde la comisión que presido estamos ocupándonos de los problemas de inseguridad que ocurren todos los días en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es por eso, que en esta oportunidad nos reuniremos en Mar del Plata con jueces, fiscales y miembros de la Policía para -de esta manera- ayudarlos desde nuestro lugar en el senado a combatir este grave flagelo que estamos sufriendo como sociedad”, afirmó Álvarez de Olivera.

Vale destacar que esta comisión dictamina sobre todo asunto referente a las instituciones de seguridad, su organización y sus integrantes; a la protección, prevención y seguridad de las personas, bienes y servicios, y también la investigación ante la presunción de delitos contra el Estado Provincial y/o cometidos por agentes públicos, conforme a los artículos 20º incisos 1) y 3), 55º y 90º de la Constitución y disposiciones de la Ley 4.650.



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