La Asociación Trabajadores del Estado repudia el hecho que fuera publicado por un medio de Necochea el cual indica que los dirigentes de la CTA Carlos Díaz (secretario General de ATE Mar del Plata) y Hugo Blasco (secretario General de la AJB y secretario de DD.HH de la CTA Nacional) están siendo investigados por la Secretaría de Inteligencia de la Nación.

 

También serían objeto de espionaje el militante por los DD.HH. Aníbal Del Prado y otros trabajadores. Por ello el equipo de abogados de ATE provincia de Buenos Aires está preparando la presentación de un recurso de Habeas Data.

 

Oscar de Isasi, secretario General de ATE provincia de Buenos Aires y referente de la CTA bonaerense, advirtió que “no vamos a permitir que nuestros compañeros vean sus derechos vulnerados. Esta no es una práctica que en tiempos de democracia podamos permitir. Por eso, como representantes de los trabajadores, estaremos presentes en cada lucha para evitar que ocurran estos hechos”.

 

Según el portal “Política Necochea”, el área de inteligencia espía actualmente a distintos gremialistas entre ellos los dirigentes de la Central.

 

Al respecto, Blasco manifestó que “el seguimiento de las actividades de militantes políticos, sindicales y sociales no nos debe llamar la atención. Es un eslabón más de una cadena que contiene al Proyecto X, la inteligencia policial contra militantes populares, la Ley Antiterrorista, la por ahora postergada instalación de una base militar yanqui en el Chaco y el acuerdo de colaboración entre las FFAA argentinas y el Comando Sur norteamericano, en una clara demostración de adhesión a la Doctrina de Seguridad Nacional”.

 

Por su parte, Díaz señaló que “hemos decidido realizar una presentación ante el Fuero Federal de Necochea. Se trata de un recurso de Habeas Data para solicitar que se comunique cuál es la información que tendría sobre nosotros el Estado a través de la Secretaría de Inteligencia”.

 

Las autoridades de ATE provincia de Buenos Aires se solidarizan con sus compañeros, rechazan el espionaje por parte del Estado y exigen el desempeño de las instituciones conforme a lo que establece un Estado de derecho.



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