El defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, manifestó su preocupación por el precio de los terrenos en la Provincia, y señaló como factor clave de las subas a la especulación inmobiliaria ante la creciente demanda que generan los programas nacionales de créditos para la compra de tierras y la construcción de viviendas.

 

“Observamos con gran preocupación el incremento del valor de las tierras, que obstaculiza la oportunidad de contribuir a saldar una deuda histórica como es el déficit habitacional” expresó Bonicatto, y en ese sentido, agregó que “nos llegan muchos reclamos sobre la problemática del hábitat social y nos parece que el Pro. Cre.Ar es una herramienta muy útil para mejorar el acceso a la tierra y la vivienda”.

 

“El Defensor del Pueblo debe velar por los intereses individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia y oportunamente defender todas las iniciativas del Estado que tiendan a garantizar el acceso de la mayor cantidad de habitantes posibles al hábitat social”, continuó.

 

En concreto, el Defensor del Pueblo puntualizó que la alza en los precios de los terrenos se detectaron en las localidades bonaerenses donde se concentra la mayor demanda, como La Plata, La Matanza, Bahía Blanca, Tandil y General Pueyrredón.

 

En esa línea, el titular del organismo de derechos humanos dijo que “todos debemos ser parte de la construcción de una solución ante la falta de tierras y viviendas,  y alertó que estas distorsiones del mercado terminan afectando también a los sectores más desprotegidos”.

 

En este marco, Bonicatto resaltó que “la Defensoría de Pueblo acompaña las estrategias  de intervención  ya activadas por el gobierno nacional orientadas a neutralizar los efectos distorsivos de  la reacción del mercado ante una política pública de alto impacto social.”

 

Es importante destacar que uno de los ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo es el acceso al hábitat social, que contempla tierra, vivienda digna, ambiente sano y acceso a servicios como el transporte, la salud y la educación.

 

Con este fin, la Institución impulsó investigaciones de oficio, seguimiento de casos y participación directa en actuaciones vinculada a la propiedad de la tierra, desalojos y acceso a los derechos vinculados al hábitat.



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